Los integrantes de la mesa de salud debatieron este martes la creación del Consejo Nacional de Contraloría Social del Sistema Público de Salud, un organismo de participación ciudadana, responsable de su control, vigilancia y evaluación.
El Consejo de Contraloría Social trabajará en todas las fases del Sistema Público de Salud, de acuerdo a las necesidades reales de salud de la población panameña en forma equitativa, transparente, eficiente y eficaz.
De acuerdo a lo debatido, las funciones de este consejo serán, entre otras, orientar, asesorar, avalar y formular recomendaciones al Consejo Nacional de Coordinación e Integración del Sistema Público de Salud y al Comité Técnico Nacional con respecto a las decisiones y acciones que emanen de estos organismos en su fase de coordinación e integración.
También tendrá como responsabilidad establecer y aplicar los mecanismos de evaluación científica y oportuna de la satisfacción de los usuarios del Sistema Público de Salud durante todas las fases del proceso de transformación como mecanismo de retroalimentación.
Los integrantes de la mesa recomendaron que el Consejo Nacional de Controlaría Social esté integrado por un plenario conformado por todas las organizaciones participantes en la mesa de salud en el proceso de Concertación Nacional para el Desarrollo.
La mesa de salud ha aprobado unos 10 artículos del borrador del anteproyecto de ley para la transformación del Sistema Público de Salud en su fase de coordinación e integración. El anteproyecto esta compuesto de cuatro títulos que incluyen las disposiciones finales, organización y funcionamiento, proceso de transformación y financiamiento.
Los integrantes de la mesa de salud esperan concluir el título II que abarca la estructura orgánica de los servicios de salud y abordar el tema sobre su financiamiento.
Una primera propuesta a debatir, fue presentada por el representante del Comité Técnico de Garantes, Carlos Abadía, donde se sugiere que las fuentes de aportes para el financiamiento por medio del Ministerio de Salud sería el 8% del mayor salario mínimo existente en el país por cada no asegurado, sin importar su edad, que sería la cuota para financiar su atención.
También contempla mantener el aporte de 25 millones de balboas por el Estado a la CSS y designar un porcentaje del mismo a las provincias que estén en el proceso de coordinación e integración. La propuesta incluye un aporte para la atención, medicamentos e insumos para las enfermedades catastróficas y la contribución de aportar recursos financieros para adecuar los centros de salud de cada provincia o región que se esté coordinando e integrando.
De acuerdo a la propuesta presentada, los aportes de la CSS corresponderían los riesgos de enfermedad y maternidad, excepto lo correspondiente a las prestaciones económicas del mismo, de administración y el profesional.
